Caracas, 02 de marzo de 2008  Este 27 de febrero se cumplieron, tristemente, nueve meses del arrebato al Pueblo de Venezuela de la señal abierta de su RCTV. Este abuso de poder, del cual fue testigo el mundo entero, despojó a los ciudadanos de la señal de mayor audiencia y credibilidad en todo el país. Con este acto, quedó demostrado el miedo incontenible que el Poder siente ante la Libertad de Expresión, Poder que hoy avanza pretendiendo repetir el mismo esquema contra Globovisión, el Correo del Caroní y otros medios de comunicación, hasta que no quede ningún medio independiente en toda la Nación. La pantalla de RCTV entretenía e informaba gratuitamente a todos los venezolanos sin discriminaciones, ofreciendo también una tribuna desde la cual, los ciudadanos podían expresar sus puntos de vista, sus exigencias y sus denuncias. El gobierno ha declarado sin vergüenza, ni principios, de manera pública y notoria, que desea construir una hegemonía comunicacional. Al hacerlo desmintió el ya poco creíble argumento de que necesitaba la señal del canal 2 para crear un «servicio público de televisión», que ha sido rechazado unánimemente por los televidentes. Este abuso de poder se convirtió en una de las más burdas violaciones a la Libertad y a la Democracia que se hayan registrado en nuestro país. La agresión sigue y cada día es más grave, más inaceptable: Muchos venezolanos no tienen cómo pagar la televisión por suscripción y otros han tenido que hacer grandes sacrificios para tenerla, ya que se resisten a estar sometidos a los agobiantes mensajes oficialistas. En este abusivo contexto no hemos dejado de ejercer nuestros derechos, confiando que, en algún momento la justicia nacional y la internacional nos darán la razón. Es por ello que siempre hemos acudido ante los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para denunciar el abuso y la desviación de poder, así como la violación de las Garantías Constitucionales de RCTV y de todos los venezolanos, sin importar lo frustrante que pueda ser, pues el resultado es cada vez más desconcertante: No hay decisiones sobre los temas de fondo de nuestras acciones, y sólo deciden, con asombrosa celeridad y sin apego a la Ley, cuando el propósito es perjudicarnos. El mundo entero presenció, el 17 de Mayo de 2007, como el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y otros funcionarios públicos, dispusieron de nuestros bienes, mucho antes de que se hiciera pública la incomprensible medida de confiscación dictada por el TSJ el 25 de Mayo de 2007. Este conocimiento anticipado de lo que iba a decidir el TSJ, delata una situación de complicidad y dependencia entre los Poderes Públicos que ha sido criticada internacionalmente. Ejerciendo nuestro derecho, solicitamos a la Fiscalía que investigara a fondo los eventos mencionados, ya que condujeron a un vulgar arrebato, sin respeto alguno por el derecho a la propiedad y la justicia, de toda la red de antenas y transmisores que con tanto esfuerzo, profesionalismo y gastos, instaló RCTV en el territorio nacional, logrando que todos los venezolanos contaran con su programación. Este vergonzoso fraude procesal, del cual todos fueron testigos, fue formalmente denunciado ante la Fiscalía General de la República. La Fiscal asignada al caso lo desestimó el mismo día de su nombramiento, con apenas cuatro horas en el cargo y sin haber revisado los recaudos presentados por RCTV. Esta actuación constituye otra violación al Estado de Derecho, puesto que la Fiscalía está obligada a investigar y proteger los derechos de todos los venezolanos. El carácter delictivo de todos estos atropellos viola el Derecho a la Defensa y a la tutela judicial efectiva que debe amparar a cualquier persona, generando, para todos los involucrados, responsabilidades penales, civiles, patrimoniales y administrativas perseguibles, tanto en los tribunales nacionales como internacionales. La historia nos recuerda los casos de Nüremberg, Milosevic, Ruanda, Noriega, Montesinos, Fujimori, Pinochet, Xuncax, Filartiga, entre otros. Asimismo, todas estas actuaciones de funcionarios del Estado que violan flagrantemente derechos garantizados por la Constitución, son nulas; y, los funcionarios públicos y funcionarias públicas que las ordenaron o ejecutaron, así como los particulares que fueron cómplices o se beneficiaron de las mismas, ya incurrieron en las  responsabilidades mencionadas sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. La historia y la justicia los alcanzarán, de eso los venezolanos no tenemos dudas. El abuso de poder que se evidenció con la arbitraria decisión de cierre, por razones políticas, de RCTV, produjo un desgaste irrecuperable en el gobierno. A pesar de ello, se insiste en atacar a otros medios de comunicación independientes, como Globovisión y el Correo del Caroní, los cuales son amenazados en esta nueva arremetida del gobierno en contra de la Libertad de Expresión. Hacemos un llamado a las Instituciones Públicas, sus magistrados, fiscales, jueces y demás funcionarios, para que rectifiquen, le devuelvan la señal de TV abierta y sus equipos a RCTV y cese el hostigamiento contra los periodistas, contra Globovisión, contra el Correo del Caroní y contra todos los medios independientes en Venezuela. También hacemos un llamado a los otros medios de comunicación, para que expresen su solidaridad activamente y defiendan la Libertad y la independencia del periodismo en nuestro país. Estos ataques no cesarán pues el proyecto gubernamental de «hegemonía comunicacional» pretende que todos los periodistas, los medios de comunicación y Venezuela entera, queden sometidos al gobierno. La lucha por la Libertad y la Democracia es, definitivamente, un compromiso de todos.  Artículo 139 de la Constitución: El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley. 

Artículo 255 de la Constitución: …Los jueces o juezas son personalmente responsables, en los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificados, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.